Normativa energética de los inmuebles terciarios

El marco Éco Énergie Tertiaire se aplica a edificios, partes de edificios y conjuntos inmobiliarios con al menos 1.000 m² de actividades terciarias. Propietarios y arrendatarios comparten la obligación según el contrato. El consumo de energía final debe reducirse un 40 % para 2030, un 50 % para 2040 y un 60 % para 2050 respecto a un año de referencia entre 2010 y 2019; también existe un objetivo absoluto por actividad. El consumo se declara cada año en OPERAT, plataforma de ADEME.

El balance publicado por ADEME el 26 de mayo de 2026 registró unas 340.000 entidades declarantes, con una cobertura estimada del 50–60 % del parque afectado. El consumo final corregido por clima fue un 26 % menor en 2024 que en el período de referencia 2010–2019. Entre las declaraciones fiables, el 51 % de las entidades había alcanzado el objetivo de 2030. Estos datos ayudan a contextualizar la trayectoria de cada inmueble.

Desde el 1 de julio de 2026, el certificado digital anual con la calificación Éco Énergie Tertiaire debe estar accesible en el edificio y adjuntarse a nuevos arrendamientos y escrituras de venta. Antes de vender o alquilar, conviene comprobar si el inmueble está sujeto a la norma, revisar las declaraciones y explicar posibles lagunas de datos.

El umbral depende ahora del consumo medio anual de energía final de la persona jurídica durante los tres años civiles anteriores. A partir de 2,75 GWh anuales se exige una auditoría cada cuatro años, salvo si existe un sistema de gestión energética; la primera vence el 11 de octubre de 2026. A partir de 23,6 GWh anuales se exige un sistema de gestión certificado antes del 11 de octubre de 2027.

Los sistemas de automatización y control de edificios afectan a inmuebles terciarios con instalaciones de calefacción o refrigeración de más de 70 kW, con las condiciones y excepciones legales. La obligación se aplica a edificios existentes de más de 290 kW desde el 1 de enero de 2025. Para instalaciones de 70 a 290 kW, el plazo se trasladó de 2027 al 1 de enero de 2030.

La normativa energética no provoca una rebaja uniforme del valor de los inmuebles menos eficientes. Influyen la ubicación, el uso, los arrendamientos, el coste de las obras, la capacidad de adaptación y la demanda. La valoración debe documentar la situación normativa, las inversiones futuras y el posible riesgo de desocupación o menor liquidez.

Revisar en 2026 las declaraciones OPERAT de 2025 y los certificados; cartografiar entre 2026 y 2027 las trayectorias energéticas y las inversiones; programar obras y seguir el consumo real entre 2027 y 2029; documentar el objetivo energético y la situación BACS en 2030.

ARBITRAGE analiza los datos energéticos junto con el mercado, el uso, los inquilinos, las obras y la liquidez del activo. Una revisión individual o de cartera ayuda a decidir qué conservar, mejorar, reestructurar o vender.